¿Qué es realmente la «tasa google»?
El pasado 16 de octubre, con la publicación en el BOE la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, empezó la cuenta atrás de tres meses para la entrada en vigor de la conocida como “Tasa Google”.
El Gobierno, según el borrador presupuestario remitido a Bruselas, prevé recaudar más de 1.800 millones de euros el próximo año con este impuesto.
En teoría se trata de un impuesto sobre determinados servicios digitales, que gravará a las grandes tecnológicas con un 3 % de sus ingresos (grava la facturación, no los beneficios) obtenidos de publicidad, intermediación en línea y transmisión de datos.
¿Qué significa esto?
La nueva tasa gravará los siguientes servicios:
La transmisión, incluidas la venta o cesión, de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.
Inclusión, en una interfaz digital, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz (servicios de publicidad en línea).
La puesta a disposición de interfaces digitales multifacéticas que permitan a sus usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, o incluso facilitar entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre esos usuarios (servicios de intermediación en línea).
¿A quién afecta?
El nuevo impuesto aplica a las empresas que superen el primer día del período de liquidación estos dos umbrales:
Cuando el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto que se corresponden con usuarios situados en territorio español, correspondientes al año natural anterior, supere 3 millones de euros.
Cuando en el año natural anterior el importe neto de su cifra de negocios supere 750 millones de euros.
El pasado mes de julio el Representante de Comercio de Estados Unidos anunció aranceles por 1.150 millones de euros para productos franceses en represalia por la conocida como ‘tasa Google’ que afecta a multinacionales estadounidenses en el país vecino, por lo que no es descartable que el Gobierno de Estados Unidos tome medidas semejantes contra productos españoles.
