La AEPD y las operadoras revisan su código de conducta para hacer frente a malas prácticas
Las operadoras telefónicas españolas han sido objeto de un gran número de quejas por parte de los usuarios debido a prácticas inadecuadas relacionadas con el tratamiento de los datos personales. Estos problemas incluyen el SPAM telefónico, la publicidad no deseada, la inserción indebida en ficheros de morosidad y el SIM swapping. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido más de 14,000 quejas al año en relación con estos problemas, lo que ha llevado a multas millonarias para las grandes operadoras, con un total de 6.5 millones de euros en 2021.
Ante esta situación, las operadoras han decidido tomar medidas para solucionar estos problemas y han llegado a un acuerdo con la AEPD para autorregularse. Con este fin, se ha creado un «Código de conducta de autocontrol para el tratamiento de datos en la actividad publicitaria«, un sistema conjunto desde el cual las operadoras atenderán las reclamaciones de los usuarios. En lugar de atenderlas de manera individual, ir a juicio o que sea la AEPD quien se encargue de estas quejas, ahora será este sistema de autocontrol el que intentará llegar a un acuerdo antes de que la reclamación vaya a más.
Este código de conducta se basa en lo que se conoce como «autorregulación», un sistema cuya adhesión es voluntaria, pero vinculante. Afortunadamente, tanto las grandes operadoras como las marcas secundarias se han adherido al protocolo. Entre las operadoras adheridas al protocolo se encuentran: Movistar, Tuenti, O2, Orange, Jazztel, Amena, Simyo, Vodafone, Lowi, Ono, Másmóvil, Yoigo, Lebara, Llamaya, Happy Móvil y Pepephone.
El código de conducta entrará en vigor el próximo 28 de enero y servirá para que un cliente pueda ser atendido rápidamente, por asuntos ocurridos durante el último año en los que se haya abierto una reclamación, pero no haya llegado todavía a juicio. Para reclamar ante el sistema de autocontrol, los clientes deberán acudir a la web de la mediación, teniendo un coste gratuito para todos los consumidores y con la promesa de intentar llegar a un acuerdo antes de 30 días.
